Por: Dimercy Ávila Cedano.- La República Dominicana ha tenido avances importantes en la persecución de la trata de personas, pues hoy existen investigaciones más estructuradas, mayor experiencia institucional y una comprensión más clara de la forma en que operan estas redes criminales. Aunque la investigación penal y el rescate inicial son necesarios, la respuesta estatal debe continuar después de ese momento mediante medidas que permitan proteger a la víctima, acompañar su recuperación y restablecer progresivamente sus derechos.
A partir del rescate, la protección debe ir más allá de la seguridad inmediata o de la participación de la víctima en el proceso judicial. También debe orientarse a crear condiciones reales para que esa persona pueda recuperar su autonomía, restablecer sus derechos y retomar su vida en condiciones de libertad y dignidad.
Esto supone garantizar el acceso a la educación, al empleo, a la asistencia psicológica, al acompañamiento jurídico, a la reunificación familiar, cuando sea posible, y a mecanismos que permitan una reintegración social efectiva. Si estas medidas no existen o no se sostienen en el tiempo, la protección queda reducida a una respuesta momentánea y no a una verdadera restauración de derechos.
MEDIR EL ÉXITO MÁS ALLÁ DE LAS CONDENAS
Por esa razón, la política pública contra la trata de personas no debe medirse únicamente por la cantidad de rescates realizados o por el número de condenas obtenidas, aunque estos indicadores sean importantes, sino también por la capacidad del Estado para lograr que las víctimas salgan de la situación de vulnerabilidad, reconstruyan su proyecto de vida y eviten que la explotación marque de forma permanente su futuro.
La respuesta frente a la trata de personas debe superar una visión limitada a la identificación de las víctimas o al desmantelamiento de las organizaciones criminales. Debe orientarse a comprender cómo operan esas redes, cómo seleccionan a las personas que explotan y qué medidas pueden adoptarse para prevenir el delito antes de que ocurra.
Cuando la explotación ya ocurrió, la actuación estatal debe dirigirse a que la víctima no permanezca en una situación prolongada de vulnerabilidad, sino que pueda restablecer progresivamente el ejercicio de sus derechos.
La protección integral tiene verdadero sentido cuando permite que la víctima deje de ser vista únicamente desde el daño sufrido y pueda ser reconocida como una persona titular de derechos, con capacidad de decisión y con posibilidades reales de reconstruir su vida.