Por Gerardo Davis El Ministerio Público presentó acusación formal y solicitud de apertura a juicio contra nueve personas vinculadas a una estructura criminal transnacional. El grupo está acusado de tráfico internacional de cocaína, lavado de activos, tenencia ilegal de armas y otros delitos conexos.
La red fue desmantelada durante la Operación Leopardo, desarrollada en distintas zonas del país.
La acusación fue depositada ante la Coordinación de los Juzgados de la Instrucción del Distrito Judicial de La Altagracia. El órgano persecutor sostiene que existen elementos suficientes para llevar el caso a juicio de fondo y mantener las medidas de coerción vigentes.
ESTRUCTURA CRIMINAL Y MODUS OPERANDI
Según la investigación, la organización operaba en varias regiones del país utilizando villas, establecimientos comerciales, propiedades rurales y complejos turísticos de la zona este. Estos espacios eran usados como centros de recepción, almacenamiento y despacho de drogas.
El grupo recibía cargamentos de cocaína desde Colombia por las costas de Bayahíbe, San Pedro de Macorís, Pedernales, Barahona y el Parque Nacional Cotubanamá. Posteriormente, la droga era trasladada por tierra y almacenada en inmuebles vinculados a los acusados. Desde allí, era enviada en embarcaciones privadas hacia Puerto Rico, con destino final a Estados Unidos, Canadá, Europa y otros mercados.
OPERATIVOS Y DECOMISOS DE DROGA
Uno de los hechos principales ocurrió el 25 de abril de 2025, cuando las autoridades ocuparon 993 paquetes de cocaína en la embarcación “Lucifer”, en Cap Cana. El cargamento alcanzó un peso de 1,027.15 kilogramos.
Más adelante, el 18 de octubre de 2025, se ejecutaron 17 allanamientos simultáneos. En esas intervenciones se incautaron 666.27 kilogramos adicionales de cocaína, parte de ellos en un establecimiento comercial en San Rafael del Yuma. En total, las operaciones vinculan a la red con 1,693.42 kilogramos de cocaína, equivalentes a casi 1.7 toneladas.
LAVADO DE ACTIVOS Y BIENES INCAUTADOS
El Ministerio Público identificó ingresos superiores a RD$258.8 millones y US$1.6 millones. Estos movimientos se realizaron mediante cuentas bancarias, depósitos, transferencias y otros mecanismos financieros.
La investigación detectó patrones de lavado como “pitufeo”, uso de sociedades de fachada, personas interpuestas, operaciones inmobiliarias sobrevaluadas, criptomonedas y sistema informal hawala. También se solicita el decomiso de bienes, valores y activos vinculados a la red.
Entre los bienes figuran una villa en Cap Cana, apartamentos en Santo Domingo y La Romana, solares en San Antonio de Guerra y otros inmuebles. Además, embarcaciones como “Lucifer”, “Beto III” y “Fish On”, vehículos, armas de fuego, dinero en efectivo, relojes de lujo y equipos electrónicos.
La acusación se sustenta en una investigación conjunta entre el Ministerio Público, la DNCD, la Dirección de Investigación Financiera y la DEA. Las autoridades sostienen que la red tenía una estructura logística y financiera compleja, con operaciones internacionales de gran alcance.