La organización opositora cuestiona la política de seguridad ciudadana del Gobierno, denuncia miles de órdenes de arresto pendientes y reclama investigaciones sobre el uso de la fuerza letal.
Santo Domingo, RD.– La Fuerza del Pueblo (FP) denunció un aumento de las muertes ocurridas durante intervenciones policiales en la República Dominicana y afirmó que la política de seguridad ciudadana del Gobierno del Partido Revolucionario Moderno (PRM) no ha logrado los resultados prometidos en los últimos seis años.
La denuncia fue presentada este martes por Josefina Reynoso, titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la organización opositora, quien informó que, según los registros recopilados por esa entidad política, entre 2020 y octubre de 2026 se contabilizan 1,152 muertes en hechos reportados como intercambios de disparos o acciones legales.
Durante una rueda de prensa, Reynoso cuestionó la estrategia gubernamental de endurecimiento de las acciones contra la delincuencia y sostuvo que existe una contradicción entre los discursos oficiales sobre la reducción de la criminalidad y la adopción de medidas de mayor severidad policial.
“Durante seis años, el Gobierno del PRM ha repetido que la delincuencia ha disminuido. Lo ha dicho en informes, en ruedas de prensa y en campañas publicitarias. Sin embargo, hoy opta por la mano dura contra la delincuencia. Si todo estaba mejorando, ¿por qué ahora mano dura?”, expresó.
Tabla de contenido
FP cuestiona las muertes durante intervenciones policiales
De acuerdo con las cifras presentadas por Reynoso, la Fuerza del Pueblo registró 76 muertes durante intervenciones policiales en 2021, 139 en 2022, 226 en 2024 y 214 en 2025. Para 2026, la dirigente situó la cifra en aproximadamente 236 fallecimientos hasta la fecha de su declaración.
La representante política vinculó estos datos con la estrategia gubernamental de mano dura, asociada al denominado código 1.29, que calificó como una cortina de humo frente a las deficiencias de los planes de seguridad ciudadana.
La dirigente recordó que la Constitución dominicana protege el derecho a la vida y prohíbe la pena de muerte. En ese sentido, sostuvo que ninguna institución estatal puede atribuirse la facultad de imponer una condena de muerte al margen de la ley.
No obstante, aclaró que su organización reconoce el derecho de los agentes policiales a defender sus vidas y las de los ciudadanos frente a amenazas reales.
“Lo que rechazamos es que la fuerza letal se utilice al margen de los principios de legalidad, proporcionalidad y el debido proceso”, precisó Reynoso.
La titular de Seguridad Ciudadana reclamó investigaciones sobre las muertes ocurridas durante operativos policiales y consideró necesario fortalecer la capacitación de los agentes, dotarlos de equipamiento adecuado, establecer protocolos claros y garantizar el respaldo institucional para el ejercicio de sus funciones dentro del marco legal.
Cuestiona las estadísticas oficiales de homicidios
Durante su intervención, Reynoso también puso en duda la metodología utilizada por las autoridades para calcular la tasa de homicidios en el país.
Según expuso, mientras el Gobierno presenta una tasa de 7.36 homicidios por cada 100,000 habitantes, los cálculos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Fuerza del Pueblo arrojan una estimación anualizada de 11.8.
La dirigente atribuyó la diferencia a la exclusión de determinadas categorías de muertes de los indicadores oficiales, entre ellas los fallecimientos durante intercambios de disparos, las víctimas extranjeras y los homicidios clasificados como indeterminados.
A su juicio, estas diferencias metodológicas dificultan establecer la magnitud real de la violencia y evaluar con precisión los resultados de las políticas públicas de seguridad.
Las cifras y los señalamientos presentados corresponden a la organización opositora y requieren contrastarse con los registros oficiales y las metodologías empleadas por las autoridades competentes.
Denuncia más de 53,000 órdenes de arresto pendientes
Otro de los aspectos cuestionados por Reynoso fue la cantidad de órdenes de arresto pendientes de ejecución que, según afirmó, la propia Policía Nacional reconoció.
La dirigente citó un total de 53,877 órdenes pendientes, de las cuales 17,635 corresponderían a casos de violencia intrafamiliar, 11,587 a robos, 4,018 a agresiones sexuales y 2,681 a homicidios.
Reynoso cuestionó que esta situación persista después de más de 110 reuniones de seguimiento a la seguridad ciudadana y advirtió sobre las consecuencias que puede tener la falta de respuesta oportuna del sistema de justicia para las víctimas, especialmente las mujeres.
En ese contexto, indicó que los levantamientos de la Fuerza del Pueblo registran más de 416 feminicidios entre 2020 y 2026.
Asimismo, citó datos atribuidos a la Fundación Vida sin Violencia, según los cuales los feminicidios íntimos, cometidos por parejas o exparejas, habrían pasado de 50 el año anterior a más de 70 en lo que va de 2026. También señaló que más de 103 menores han quedado en condición de orfandad por estos hechos.
“¿Cuántas de esas muertes pudieron haberse evitado mediante una intervención oportuna?”, preguntó.
Exige cuentas sobre los planes de seguridad
La titular de Seguridad Ciudadana de la Fuerza del Pueblo reclamó al Gobierno rendir cuentas sobre los recursos invertidos en los más de siete planes de seguridad ciudadana anunciados durante los últimos seis años.
Según Reynoso, durante ese período se han producido cambios en la dirección de la Policía Nacional y en el Ministerio de Interior y Policía, además de la participación de asesores y comisionados internacionales, sin que se haya alcanzado la meta gubernamental de reducir en un 50 % la tasa de homicidios.
La dirigente consideró necesario evaluar los resultados de las iniciativas implementadas, transparentar el uso de los recursos públicos y establecer responsabilidades por los compromisos que, según afirmó, no se han cumplido.
FP propone diálogo nacional sobre seguridad ciudadana
Ante este panorama, Reynoso reiteró el respaldo de la Fuerza del Pueblo a la propuesta de diálogo nacional formulada por su presidente, Leonel Fernández, con el objetivo de construir una estrategia integral de seguridad ciudadana.
La propuesta, según explicó, debe sustentarse en la prevención del delito, el fortalecimiento de la investigación criminal, el uso de tecnología, la coordinación entre las instituciones del Estado y el respeto a los derechos fundamentales.
“Después de seis años, el Gobierno debe presentar resultados verificables, explicar sus decisiones y asumir las responsabilidades que le corresponden. ¡Basta de improvisación! El país necesita prevención, justicia y resultados”, concluyó.
Reynoso estuvo acompañada durante la rueda de prensa por José David Báez, vocero del bloque de diputados de la Fuerza del Pueblo; Tobías Crespo, diputado y miembro del Consejo Nacional de la Magistratura; Yadira Peña, titular de la Secretaría de Seguridad Social; Wilkin Moreno, titular de la Secretaría de Gestión de Riesgos y Emergencias, y otros dirigentes de esa organización política.