Santiago, RD.- La Corte de Apelación Penal del distrito judicial de Santiago rechazó este lunes 27 de septiembre la recusación contra la jueza Iris Borges y decidió que la magistrada continúe apoderada para conocer las medidas de coerción contra 23 de los 27 imputados en el caso de narcotráfico y lavado de activos denominado Operación Falcón.
Los abogados de las defensas, al realizar la recusación, alegaban que Borges, jueza de la Oficina Judicial de Atención Permanente, no tenía competencia para conocer el caso en su jurisdicción.
Pedían el traslado del conocimiento de las medidas al Distrito Nacional y a una jurisdicción privilegiada, debido al involucramiento de legisladores en el caso.
Además, indicaron que la jueza estaba parcializada con las solicitudes que ha planteado el Ministerio Público durante la vista.
Se espera que este lunes la jueza Borges conozca la solicitud de 18 meses de prisión que hace el Ministerio Público contra el grupo. El órgano también pide que el caso sea declarado complejo.
En la Operación Falcón, que el Ministerio Público asegura desmanteló una red del crimen organizado que ya para 2012 traficaba al menos 2,500 kilos de cocaína a la semana y que llegó a acumular inversiones del lavado de activos por al menos 10,000 millones de pesos.
Los imputados son María Olimpia Tavares Rodríguez (Oli y/o La Princesa); Juan Maldonado Castro (Marcial y/o El Líder), Víctor Elpidio Altagracia Paulino Herrera (El Gordo), Luis Daniel Nieves Batista, Adolfo Antonio Torres Sanabia (Tony y/o Presidente), Julio César Jiménez Talavera (domínico-venezolano) y Juan Bautista Carpio Reynoso.
También, José Alejandro de la Cruz Morales Omar (La Moña), Raúl Antonio Castro Mota, Yana Iris Maldonado Castro, Angélica María Maldonado Peralta, Lenin Bladimir Torres Bueno, Marisol López Ceballos, Delfina Asunción Polanco, Ana Margarita Collado Marte, Erich Fernando Meléndez Gómez, José Miguel Castillo Taveras (Migue), Elva Teresa Polanco: Juan Carlos Durán Rodríguez, Javier Antonio Tavares Rodríguez y Felipe Espino Germán.
El fiscal de Santiago, Osvaldo Bonilla Hiraldo, depositó junto a otros fiscales la solicitud de medida de coerción contra los imputados que, según estimaciones de las autoridades nacionales e internacionales, lavaron cuantiosas sumas de dinero dentro de una red delictiva en la que “traficaron cientos de miles de kilos de drogas hacia Europa, Estados Unidos y Puerto Rico, movilizando más de 500 millones de dólares producto de esa actividad criminal”.
El Ministerio Público informó, en forma preliminar, que a la red se le ocuparon más de 100 vehículos y más de 20 relojes de lujo. También, más de 4.3 millones de dólares en efectivo.
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