Por Raúl Germán Bautista.– Las críticas al Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria de República Dominicana apuntan a que, pese a la construcción de nuevas cárceles y otras en proyecto, todavía no se percibe una gestión eficiente y acorde con estos tiempos.
Legisladores, abogados y especialistas coinciden en que las deficiencias administrativas del Viejo Modelo de Gestión Penitenciaria se han trasladado al nuevo esquema, administrado por la Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales (DGSPC), dirigida por Roberto Santana.
Entre las principales quejas figuran presos con privilegios, control de pabellones y recintos, ingreso de drogas, “medicamentos” y “alimentos”, además de servicios deficientes y sin las condiciones de higiene requeridas.
Las modernas instalaciones, por sí solas, no bastan para someter a los internos a un régimen de obediencia a la ley y a un sistema que debe impedir la comisión de delitos desde el interior de las cárceles.
Las alarmas se encendieron cuando una mujer fue arrestada el pasado sábado tras intentar introducir una sustancia prohibida al Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Las Parras, en el municipio San Antonio de Guerra.
Lo más alarmante del caso fue que la mujer acudió al recinto acompañada de su nieta de 11 años, aprovechando que la jornada correspondía a las visitas de hijos a padres privados de libertad.
Según el informe oficial, alrededor de las 4:00 de la tarde el personal de seguridad detectó a un interno que intentaba salir del área de visita infantil con un paquete cilíndrico oculto en sus partes íntimas.
Las autoridades señalaron que el paquete fue ocupado de inmediato por los agentes de vigilancia y que, por sus características físicas, olor y textura, se presume que contenía marihuana.
Ese mismo día, y según versiones vinculadas al incidente, se registró un motín en el Centro de Corrección y Rehabilitación Las Parras, donde resultaron heridas 10 personas.
Ese centro penitenciario fue concebido para recibir a los internos de manera gradual. En la primera fase se contempló el traslado de 2,400 privados de libertad, distribuidos en grupos de entre 300 y 400 personas.
La infraestructura del recinto incluye verjas perimetrales, cerramientos en bloques, torres de vigilancia, celdas especiales, aulas educativas, talleres de oficios, canchas deportivas, espacios de reflexión, iglesias y salas de audiencias internas para facilitar procesos judiciales sin necesidad de traslados riesgosos.
Varios abogados sostienen que la transición del sistema penitenciario dominicano puede explicarse a través de dos nombres que sintetizan décadas de evolución en la ejecución de las penas: La Victoria y Las Parras.
Más allá de la infraestructura, ambos centros representan dos concepciones distintas sobre el papel que debe desempeñar la prisión en una sociedad democrática.
LA VICTORIA Y EL PESO DEL VIEJO ESQUEMA
Por un lado, el viejo modelo penitenciario, del que forman parte la Penitenciaría Nacional de La Victoria y numerosas fortalezas provinciales utilizadas como centros de detención, estuvo orientado principalmente hacia la custodia y el aislamiento de las personas privadas de libertad.
En este esquema, la función esencial del Estado era garantizar la seguridad y la permanencia del interno dentro del recinto carcelario, con escasas oportunidades para la educación, el trabajo o la rehabilitación.
La Victoria, inaugurada en 1952, se convirtió en el símbolo más visible de ese modelo tradicional. Aunque fue diseñada originalmente para albergar una población mucho menor, con el paso de los años enfrentó problemas de hacinamiento, deterioro de sus instalaciones y limitaciones para desarrollar programas efectivos de reinserción social. Se hablaba de más de 7 mil reclusos.
A esta realidad se suman las fortalezas provinciales, muchas de las cuales fueron concebidas con fines militares y posteriormente adaptadas para la custodia de personas en prisión preventiva o condenadas, sin responder necesariamente a estándares modernos de tratamiento penitenciario.
UN MODELO EN TRANSICIÓN
En contraste, el Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, implementado en el país a partir de 2003, introdujo una visión basada en el respeto a la dignidad humana y en la reinserción social como finalidad de la pena.
Bajo esta concepción surgieron los Centros de Corrección y Rehabilitación (CCR), diseñados para incorporar programas educativos, capacitación técnica, atención psicológica y mecanismos de clasificación de internos, de acuerdo con su perfil criminológico y situación jurídica.
El Centro de Corrección y Rehabilitación Las Parras constituye el ejemplo más reciente de esta filosofía. Concebido para sustituir progresivamente a La Victoria, el recinto fue diseñado con áreas destinadas a la formación académica, talleres vocacionales, espacios deportivos y servicios orientados al tratamiento integral de la población penitenciaria.
Su puesta en funcionamiento ha sido presentada por las autoridades como un paso hacia la modernización del sistema carcelario dominicano.
No obstante, la realidad penitenciaria del país refleja todavía una etapa de transición. El complejo de Najayo ilustra esa coexistencia entre ambos modelos. Mientras algunos espacios operan bajo los lineamientos del nuevo sistema, otras áreas conservan características propias del esquema tradicional, evidencia de que la transformación institucional aún no concluye.
Desde el punto de vista jurídico, la diferencia entre ambos enfoques va más allá de la estructura física de los recintos. El viejo modelo concebía la prisión como un mecanismo centrado en la privación de libertad y el control del interno.
El nuevo modelo, por el contrario, asume que la sanción penal debe orientarse hacia la reeducación y la preparación del condenado para su retorno a la vida en comunidad.
Esta visión encuentra respaldo en la Constitución dominicana, que establece que las penas privativas de libertad deben dirigirse a la reeducación y reinserción social de la persona condenada.
Asimismo, la jurisprudencia constitucional ha reiterado que quienes cumplen una pena no pierden su condición de sujetos titulares de derechos fundamentales, salvo las limitaciones inherentes a la condena.
La comparación entre La Victoria y Las Parras, así como entre las fortalezas provinciales y los Centros de Corrección y Rehabilitación, pone de manifiesto el debate que persiste en torno al sistema penitenciario nacional: si la cárcel debe limitarse a custodiar y castigar o si el Estado debe ofrecer oportunidades reales de rehabilitación que reduzcan la reincidencia y favorezcan la seguridad ciudadana.
En definitiva, la diferencia entre el viejo y el nuevo modelo penitenciario dominicano no radica únicamente en la construcción de nuevas edificaciones, sino en el cambio de paradigma sobre el propósito de la pena. Mientras uno prioriza el encierro, el otro procura que la privación de libertad se convierta en una etapa orientada a la rehabilitación y reinserción social.
La transición penitenciaria dominicana enfrenta un desafío que va más allá de levantar nuevas infraestructuras o clausurar viejos recintos. La crisis revelada por episodios recientes en Las Parras demuestra que las debilidades históricas del sistema todavía sobreviven bajo nuevas estructuras administrativas. La falta de controles tecnológicos, los privilegios dentro de los recintos y las denuncias sobre ingreso de drogas y alimentos evidencian que el problema no es únicamente físico, sino institucional y cultural.
Aunque el Nuevo Modelo Penitenciario fue concebido para priorizar la rehabilitación y el respeto a la dignidad humana, la coexistencia de prácticas heredadas del viejo sistema limita sus resultados. El verdadero reto del Estado dominicano consiste en garantizar seguridad, transparencia y programas efectivos de reinserción social. Sin esos elementos, la diferencia entre La Victoria y Las Parras corre el riesgo de quedarse únicamente en el diseño arquitectónico y no en una transformación real del sistema carcelario nacional.
En República Dominicana existen 51 cárceles que albergan a una población de aproximadamente 25 mil internos, dividido en 22 Centros de Corrección y Rehabilitación (CCR) y por 19 del Viejo modelo.