Por Raúl Germán Bautista/N DIGITAL.- Las juezas Esmirna Giselle Méndez, Tania Yunes y Jissel Naranjo, integrantes del Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, emitieron este lunes 15 de junio la sentencia del caso Coral y Coral 5G, uno de los procesos de corrupción administrativa más extensos y complejos de la historia reciente de la justicia dominicana, un juicio que se prolongó durante más de un año y nueve meses e involucró a 36 imputados, centenares de testigos y miles de páginas de pruebas documentales.
La Operación Coral salió a la luz el 24 de abril de 2021, cuando el Ministerio Público ejecutó una serie de arrestos contra una presunta estructura de corrupción que operaba desde organismos de seguridad del Estado.
Entre los primeros detenidos figuraron el mayor general Adán Benoni Cáceres Silvestre, exjefe del Cuerpo de Seguridad Presidencial (CUSEP); la pastora Rossy Guzmán Sánchez; su hijo, el cabo policial Tanner Antonio Flete Guzmán; el coronel policial Rafael Núñez de Aza, y el sargento de la Armada de República Dominicana Alejandro José Montero Cruz.
Meses después, en noviembre de 2021, el órgano persecutor amplió la investigación con la denominada Operación Coral 5G, considerada una derivación del primer expediente.
En esta fase fueron arrestados el general Juan Carlos Torres Robiou, exdirector del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur); los generales Julio Camilo de los Santos Viola y Boanerges Reyes Batista; el capitán de navío Franklin Antonio Mata Flores; José Manuel Rosario Pirón; los coroneles Carlos Augusto Lantigua Cruz y Miguel Ventura Pichardo; Erasmo Roger Pérez Núñez; el cabo Jehohanan L. Rodríguez Jiménez, y César Félix Ramos Ovalles.
La ampliación de las investigaciones se produjo después de un reportaje publicado por N Investiga, de la periodista Nuria Piera, y replicado por el portal N Digital.
Según la acusación presentada por el Ministerio Público, ambas operaciones permitieron desarticular una red integrada por militares, policías, civiles y empresas que presuntamente utilizó instituciones estatales para beneficiar económicamente a sus integrantes mediante esquemas de corrupción, lavado de activos y ocultamiento de bienes.
La investigación estableció que las operaciones ilícitas se desarrollaron principalmente desde el CUSEP, el Cestur y otras dependencias estatales.
UN EXPEDIENTE DE GRAN DIMENSIÓN
El Ministerio Público sostuvo durante el proceso que la estructura llegó a defraudar al Estado dominicano con más de cuatro mil millones de pesos y presentó una acusación respaldada por miles de pruebas documentales, periciales y testimoniales.
En la fase preliminar, la acusación superó las 996 páginas y estuvo sustentada por más de 400 testigos. Posteriormente, el expediente definitivo sobrepasó las tres mil páginas.
El juicio de fondo inició formalmente el 27 de junio de 2024 con la lectura íntegra de la acusación. Desde entonces se celebraron 121 audiencias de manera prácticamente continua.
Entre una audiencia y otra no transcurrió un período superior a diez días, lo que permitió avanzar de forma sostenida en la presentación y discusión de las pruebas.
Durante el conocimiento del proceso fueron escuchados 319 testimonios y analizadas miles de evidencias.
El tribunal destacó que se trató de un juicio de especial complejidad debido a la cantidad de sujetos procesales involucrados, que ascendió a 36 acusados entre personas físicas y representantes de entidades vinculadas al expediente.
DELIBERACIÓN Y GARANTÍAS PROCESALES
Los debates concluyeron el 16 de abril de 2026, fecha en la que las juezas se retiraron a deliberar.
La etapa de deliberación requirió un plazo ampliado de 40 días debido al volumen de pruebas, los numerosos incidentes procesales y la magnitud de los hechos sometidos a juicio.
En total, el proceso se extendió durante 658 días calendario y abarcó un período de un año, nueve meses y 20 días desde el inicio de los debates hasta la emisión de la sentencia.
Al pronunciar las motivaciones generales de la decisión, la presidenta del tribunal, Esmirna Giselle Méndez, enfatizó la importancia de la independencia judicial y de las garantías procesales observadas durante todo el juicio.
«El debido proceso no solo exige que las partes puedan ejercer sus derechos durante el juicio, también exige que la decisión sea adoptada por jueces independientes e imparciales, como establece la Constitución, donde dice que el juez solo está sometido a la Constitución y a la ley. Esa independencia no es un privilegio del juez. No existe para las personas que juzgamos; existe para garantizar los derechos de las personas que acuden a los tribunales, de las partes del proceso y de todo usuario del sistema de justicia. Son la garantía de que su caso será conocido por un tribunal ajeno a presiones, favoritismos o prejuicios. Un tribunal que solo se encuentra sometido a la Constitución, a la ley y a las pruebas que fueron incorporadas en el juicio», expresó la magistrada.
El tribunal también resaltó que durante todo el desarrollo del proceso garantizó a las partes el ejercicio pleno de sus derechos procesales, permitiéndoles presentar pruebas, formular incidentes, plantear objeciones, rechazar elementos probatorios, así como interrogar y contrainterrogar testigos y peritos.
Las magistradas señalaron que el juicio se desarrolló respetando el derecho de defensa, la igualdad entre las partes y el principio de contradicción, pilares esenciales del sistema de justicia penal.
CONDENAS Y ABSOLUCIONES
Como resultado del proceso, el tribunal condenó a 20 años de prisión a Adán Cáceres Silvestre, Juan Carlos Torres Robiou, Rafael Núñez de Aza, Boanerges Reyes Batista y Franklin Antonio Mata Flores, al considerarlos responsables de su participación en la estructura de corrupción investigada.
Asimismo, fueron condenados a 10 años de prisión Rossy Guzmán Sánchez, José Manuel Rosario Pirón y Esmeralda Ortega Polanco.
Raúl Alejandro Girón Jiménez recibió una condena de cinco años de prisión, tomando en consideración su colaboración con las autoridades durante el proceso.
Entre las penas suspendidas figuran las impuestas a Yehudy Blandesmil Guzmán Alcántara, Alejandro José Montero Cruz, Epifanio Peña Lebrón, Lucía de los Santos Viola y Onoris Beatriz Soto de los Santos, quienes fueron condenados a cinco años de prisión suspendida.
De igual manera, Carlos Augusto Lantigua Cruz, Pedro Roberto Castillo Nolasco y Raymel Pastor del Rosario Viola fueron sentenciados a tres años de prisión suspendida.
En cuanto a las absoluciones, el tribunal descargó de responsabilidad penal a Tanner Antonio Flete Guzmán, Manuel de Jesús Alba Solano, Guillermo de Jesús Torres Robiou, Santiago Antonio Suárez Peguero, Miguel Ventura Pichardo y Erick Daniel Pereyra Núñez.
La sentencia pone fin a una de las investigaciones anticorrupción más relevantes impulsadas por el Ministerio Público en los últimos años, un expediente que comenzó con la Operación Coral en 2021 y que posteriormente se amplió con Coral 5G, consolidándose como uno de los casos judiciales de mayor dimensión por la cantidad de imputados, el volumen probatorio y el tiempo requerido para su conocimiento en los tribunales dominicanos.