Por Juan Cruz (Ing. Civ. y expresidente del Codia)
La frase “Ni injusticias, ni privilegios” resuena como un ideal noble y lleno de humanismo, pero en la práctica se ha convertido en un mero eslogan vacío. La realidad en la provincia de La Vega es testigo de cómo este lema, utilizado como bandera política por el Partido Reformista, se convierte en una amarga paradoja.
Los ejecutivos de la Corporación de Acueducto y Alcantarillado de La Vega (CORAAVEGA), en lugar de aplicar estos principios, han favorecido prácticas que perjudican gravemente a la clase profesional de ingenieros, arquitectos y agrimensores, así como al sector comercial y a toda la sociedad vegana.
Resulta irónico y profundamente injusto que los mismos reformistas, quienes proclaman la lucha contra las injusticias, sean responsables de excluir a los profesionales locales en un proceso de contratación pública. Se trata de la reconstrucción del Acueducto de Jarabacoa, un proyecto crucial para la provincia, cuyo proceso de licitación deja fuera, de manera arbitraria y premeditada, a los profesionales y empresas locales.
Requisitos excluyentes
El pliego de condiciones del proceso de licitación (CORAAVEGA-CCC-LPN-2024-0008) establece requisitos imposibles de cumplir para la mayoría de los oferentes locales. Entre ellos, destacan:
- Certificación bancaria: Disponibilidad de una línea de crédito bancaria activa equivalente al 5% del presupuesto de cada lote, con montos significativos y condiciones estrictas.
- Línea de crédito de suplidor: Una línea de crédito de RD$300 millones para tubería y equipos, una cifra fuera del alcance de la mayoría de las empresas locales.
- Capital de trabajo: Se exige un capital de trabajo mínimo de RD$75 millones, basado en los estados financieros de 2023, una condición que excluye a pequeñas y medianas empresas locales.
Estos requerimientos son claramente desproporcionados y diseñados para limitar la participación de los profesionales de La Vega, favoreciendo a un pequeño grupo con acceso a recursos privilegiados.
Es evidente que esta licitación ha sido concebida para beneficiar a unos pocos, dejando de lado a quienes realmente contribuyen al desarrollo económico y social de la provincia.
Impacto económico y social
Las consecuencias de esta exclusión son devastadoras. No solo se margina a los profesionales locales, sino que se priva a la economía de La Vega de los beneficios derivados de una inversión millonaria. Ferreterías, bancos locales, tiendas, colmados, agencias de vehículos y otros negocios verán pasar de largo una oportunidad que debería fortalecer el comercio y generar empleo en la provincia.
Es inaceptable que los recursos administrados por CORAAVEGA, que provienen del esfuerzo de los veganos a través del pago de servicios de agua potable y saneamiento, sean utilizados de manera tan arbitraria y excluyente. La provincia de La Vega merece que sus recursos se reinviertan en beneficio de su gente y no para engrosar las arcas de unos pocos privilegiados.
Un llamado a la justicia
Hacemos un llamado a las autoridades competentes para que revisen este proceso de licitación y garanticen condiciones justas y equitativas para todos los profesionales de La Vega. Es necesario establecer criterios que fomenten la participación local, asegurando que los recursos se queden en la provincia y beneficien a toda la comunidad.
La justicia y la equidad no deben ser solo palabras en un eslogan político; deben ser principios rectores en la gestión pública. La Vega no puede ser testigo pasivo de cómo se despoja a sus profesionales y se margina a su economía. Es hora de poner fin a estas prácticas de privilegio y corrupción, y devolverle a la provincia lo que legítimamente le pertenece.
Totalmente de acuerdo con el ing Orlando Cruz. Algo inalcanzable para la mayoría de profesionales de la zona. Un pliego de condiciones amañado.
Eso se trata de un atropello más de la política excluyente que caracteriza a este gobierno de buitres y fariseos. Un requerimiento tan abultado como ese, solo se justifica, si lo que se pretende es que,el ingeniero o contratista, sea también quien financie el proyecto en cuestión, pero eso solo lo haría un ingeniero acéfalo. El contratista, lo único que se le debería de pedir, es una póliza de seguro que ronda el 1% del monto del avance,, que proteja el dinero avanzado al contratista.
Eso es una gran injusticia cosas como estas son las que hacen que profesionales como yo tengamos que emigrar a otros países para poder lograr una oportunidad sin embargo otros como pulpos quieren acaparar las oportunidades existentes es lamentable que cosas como estas ocurran en nuestro país dejando a fuera muchos quizás más capacitados que aquellos que solo necesitan ser amigos de un político sin ningún merito.
Le doy todos apoyo al ing.Juan Cruz
De acuerdo con las declaraciomes del ing
Juam Cruz, pasado presidente del Codia, un proceso excluyente no solo para los profesionales de la vega sino para los emprendedores y pequeños empresarios de la construccion DE TODO EL PAIS, hasta cuando el CODIA mirará para otro lado del pandero?
Los gremios que no representan defienden a sus miembros, hay que disolverla y el CODIA central y sus regionales sobrepasan los limites complicidad con el gobierno central. Los borregos y los creyentes en eslogan políticos que sigan votando para colocar a farsantes que solo buscan hacer negocios.