Santo Domingo.- El Ministerio Público confirmó que recurrirá la sentencia dictada contra Juan Alexis Medina Sánchez y otros procesados del caso, tras recibir este miércoles la decisión íntegra de 10,841 páginas en formato digital.
“Las partes, incluido el Ministerio Público, estuvimos de acuerdo con la notificación en formato digital. Vale destacar que somos pioneros en el uso de dispositivos electrónicos para la entrega y notificación de las evidencias recabadas en las investigaciones”, señaló la fiscal Elizabeth Paredes Ramírez, al recibir el dispositivo USB con la decisión emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, integrado por las juezas Claribel Nivar, Giselle Soto y Clara Castillo.
La jueza presidenta, Claribel Nivar, explicó el procedimiento de acceso al dispositivo y el contenido almacenado. El secretario del tribunal verificó y abrió el USB en presencia de todas las partes.
“Aunque en su momento hubo discusiones con algunas defensas, los jueces han asumido esta modalidad como parte de la nueva realidad virtual”, indicó Paredes Ramírez, adscrita a la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca).
La fiscal resaltó que este método representa un avance para el sistema de justicia, al agilizar la notificación, mejorar la seguridad y reducir el uso de papel.
Durante el acto, Juan Alexis Medina no se presentó.
CONTENIDO DE LA SENTENCIA
El tribunal declaró culpable a Juan Alexis Medina Sánchez, señalado como cabecilla del entramado de corrupción, por soborno en el comercio y la inversión, lavado de activos, uso de documentos falsos y asociación de malhechores. Fue condenado a siete años de prisión.
TAMBIÉN FUERON CONDENADOS:
José Dolores Santana Carmona: 6 años.
Wacal Vernabel Méndez Pineda, Francisco Ramón Brea Morel, Carlos Martín Montes de Oca, Rigoberto Alcántara Batista, Paola Mercedes y Víctor Matías Encarnación: 5 años cada uno.
Los procesados Medina Sánchez, Santana Carmona, Méndez Pineda, Mercedes, Alcántara Batista y varias empresas deberán pagar 500 millones de pesos al Estado dominicano.
Los condenados cumplirán prisión en los centros de corrección y rehabilitación Najayo Hombres y Najayo Mujeres, en San Cristóbal, además de asumir las costas penales del proceso.
CONDENA CON PENA SUSPENDIDA
En virtud de su acuerdo con el Ministerio Público, Víctor Matías Encarnación Montero recibió una pena de cinco años con suspensión condicional, bajo reglas específicas, entre ellas residir en el domicilio notificado al tribunal. También deberá pagar las costas penales y una multa de 500 mil pesos.
ABSUELVEN A EXFUNCIONARIOS Y EMPRESAS
QUEDARON ABSUELTOS:
Fernando Rosa, Carmen Magalys, Freddy Hidalgo, Rafael Antonio Germosén Andújar, Lina Ercilia de la Cruz Vargas, Pachristy Emmanuel Ramírez, Carlos José Alarcón, Libni Arodi Valenzuela Matos, José Miguel Genao Torres, Antonio Florentino Méndez, José Idelfonso Correa Martínez, Aquiles Alejandro Christopher Sánchez y Fulvio Antonio Cabreja Gómez.
También fueron absueltas las empresas Cemeraf y Editorama, liberadas del pago de costas penales.
HALLAZGOS DEL TRIBUNAL SOBRE LOS HECHOS IMPUTADOS
El Ministerio Público estableció que Alexis Medina obtuvo múltiples contratos violando la Ley 340, afectando instituciones como:
Ministerio de Salud Pública, con medicamentos de alto costo y equipamiento hospitalario.
Ministerio de Obras Públicas, mediante el suministro de material asfáltico.
EdeEste, a través de compras irregulares.
Policía Nacional, con contratos de combustible por más de 220 millones de pesos, de los cuales no entregó exactamente 32 millones.
El tribunal determinó que la empresa Fuel America no cumplía requisitos básicos para participar en el proceso de compras de combustible para la Policía Nacional. Asimismo, verificó afectaciones en diversas bombas de la institución, confirmando la falta de un monto superior a los 32 millones señalados por el Ministerio Público.
Sobre la Policía Nacional, en la lectura se destacó: “Las anomalías que el tribunal identificó son asombrosas”.
También quedó confirmado el pago de sobornos en la Unidad de Electrificación Rural y Suburbana (UERS).
Las juezas rechazaron la exclusión de pruebas presentadas por el órgano acusador, al considerar que su recolección cumplió con el debido proceso.