Santiago.- La jueza Yaritza Cabral impuso este miércoles una garantía económica de 500 mil pesos, presentación periódica e impedimento de salida del país a tres empleadas del Colegio Leonardo Da Vinci por la muerte de la estudiante Stephora Anne-Mircie Joseph, ocurrida durante una excursión escolar.
Las beneficiadas con la decisión fueron: Yris del Carmen Reyes Adames, directora administrativa del Leonardo Da Vinci; Francisca Josefina Tavarez Vélez, orientadora, y Vilma Altagracia Vargas Morel, coordinadora del nivel secundario.
En tanto, la coordinadora general Gisela González Estrella recibió libertad simple.
La magistrada Olga Dina Llaverías informó que el Ministerio Público no comparte la decisión y que recurrirá una vez reciba la notificación oficial.
Los abogados de la familia, Miguel Valdemar Díaz y Shesnel Calcaño, calificaron la medida como insuficiente y denunciaron que los directivos reales del colegio quedaron fuera del proceso. Aseguraron que existió una cadena de negligencias y que el centro operaba excursiones sin protocolos de seguridad.
Los representantes legales depositaron una querella y una solicitud de coerción contra los administradores del colegio y de la hacienda donde ocurrió el hecho, tras certificarse que el lugar no tenía condiciones para recibir niños.
La familia reiteró que no descansará hasta que “los verdaderos responsables enfrenten a la justicia”.
CALIFICACIONES JURÍDICAS DEL CASO
El caso fue calificado como homicidio involuntario, en violación del artículo 319 del Código Penal dominicano.
Asimismo, se le atribuyen los delitos de abandono y maltrato de niños, niñas y adolescentes, conforme al artículo 351-2 del mismo código.
La conducta señalada también se adecúa al artículo 14 de la Ley 136-03 sobre Protección de los Derechos Fundamentales de Niños, Niñas y Adolescentes.
El Ministerio Público tiene evidencias de que movilizaron a 87 niños solo con 3 cuidadoras, sin tener en cuenta las medidas de seguridad y la profundidad de las piscinas del lugar, sin haber llevado salvavidas, ni preguntado a los padres o tutores si los niños sabían o no nadar, además de que tampoco requirieron chalecos salvavidas.