Por Raúl Germán Bautista.- Un amplio dispositivo policial fue desplegado la mañana de este viernes en la Prolongación 27 de Febrero, próximo a la avenida que entra hacia Buenos Aires y Bayona, en Santo Domingo Oeste, para ejecutar un desalojo en unos terrenos de la zona.
De acuerdo con informaciones preliminares y versiones de testigos, las personas desalojadas ocupaban presuntamente de manera irregular terrenos atribuidos al exlanzador de Grandes Ligas Pedro Martínez.
Santo Domingo Oeste figura entre los territorios del Gran Santo Domingo donde se registran frecuentes casos de ocupaciones irregulares de terrenos. Pese a las advertencias de las autoridades, esta práctica continúa generando conflictos relacionados con la propiedad privada.
DECRETO CONTRA OCUPACIONES IRREGULARES
El 11 de noviembre de 2022, mediante el Decreto 668-22, el presidente Luis Abinader dispuso una serie de medidas dirigidas a prevenir y perseguir las invasiones y ocupaciones irregulares de propiedades privadas y del Estado.
La disposición establece que los extranjeros que sean debidamente procesados por estos casos podrán ser expulsados conforme a las atribuciones constitucionales del presidente y no podrán regresar al país.
Para esos fines, el decreto instruye acciones coordinadas entre el Ministerio de Interior y Policía, el Ministerio de Relaciones Exteriores, la Dirección General de Migración y la Policía Nacional.
Entre las medidas adoptadas está la creación de una unidad especializada en la Policía Nacional para la prevención y persecución de invasiones y ocupaciones irregulares de terrenos privados y estatales.
Asimismo, se instruye al ministro de Interior y Policía y al director general de la Policía Nacional para que, respetando el debido proceso y conforme a la ley, procedan con la persecución y sometimiento a la justicia de quienes participen en estas acciones.
En relación con los extranjeros a quienes se les compruebe la comisión de violaciones contra la propiedad privada, también se instruyó a la Dirección General de Migración ejecutar los procesos correspondientes para su expulsión del país e impedir su reingreso al territorio nacional.