Por Raúl Germán Bautista/N DIGITAL.- Desde los terremotos ocurridos en Venezuela el 24 de junio pasado y en Colombia el lunes 10 de agosto, el tema de la vulnerabilidad a la que están expuestas las naciones del hemisferio ha vuelto a ocupar un lugar relevante en la opinión pública.
Varios reportajes publicados por N Digital han dado cuenta de la necesidad de que el Sistema Nacional de Alerta Temprana Multiamenaza (SAT-M) de la República Dominicana se apoye en herramientas imprescindibles, entre ellas la instalación de boyas y sensores submarinos con tecnología DART (Deep-ocean Assessment and Reporting of Tsunamis) y de bocinas en puntos estratégicos.
Sin embargo, además de los sistemas de alerta, la política de prevención ante eventuales desastres enfrenta otros desafíos relacionados con miles de construcciones que se han edificado sin permisos, otras levantadas encima o cerca de cañadas y miles de viviendas construidas unas junto a otras, sin espacios suficientes para el acceso de vehículos u organismos de socorro.
Solo hay que observar la forma en que viven muchos residentes de Herrera, Los Alcarrizos y La Zurza, entre otros sectores. Aunque en la parte central del Distrito Nacional existen accesos y avenidas en buenas condiciones, no se puede ignorar que en sus 91 kilómetros cuadrados viven alrededor de 11,000 personas por kilómetro cuadrado.
Aquí surge una pregunta: ¿de qué sirve detectar un desastre con anticipación si las estructuras donde las personas viven o trabajan no están preparadas para soportarlo?
LA ALERTA NO SUSTITUYE LA SEGURIDAD ESTRUCTURAL
La República Dominicana se encuentra en una región con exposición sísmica, donde la vulnerabilidad también depende de la calidad de las estructuras y de los riesgos a los que están expuestas.
La alerta puede salvar segundos, pero las estructuras pueden determinar cuántas vidas se pierden o se salvan.
Un sistema de alerta temprana no evita que ocurra un terremoto ni puede sustituir el diseño estructural, el cumplimiento de las normas, los permisos de construcción, la supervisión, la fiscalización, los estudios de suelo, la planificación urbana, el mantenimiento, el reforzamiento de edificaciones existentes y la educación de la población, entre otros factores.
En julio de este año, el Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC) estableció que la República Dominicana enfrenta un riesgo sísmico significativo, debido al prolongado silencio de la Falla Septentrional, que acumula cerca de 80 años sin generar un gran terremoto. La institución llamó a reforzar la calidad de las construcciones, la supervisión técnica, la preparación ciudadana y la protección financiera para reducir el impacto de un posible evento de gran magnitud.
La ingeniera sísmica de INTEC, Claudia Germoso, añadió: “Lo mismo que ocurrió en Venezuela podría ocurrir en República Dominicana”. El territorio dominicano se ubica en el límite activo entre las placas tectónicas de Norteamérica y el Caribe y cuenta con cerca de 18 fallas geológicas activas. Dijo que las dos de mayor potencial destructivo son la Falla de Enriquillo, en el sur, y la Falla Septentrional, que recorre la región norte del país, desde Montecristi hasta Samaná.
Germoso detalló que la Falla Septentrional posee un período de recurrencia promedio de sismos de gran escala de unos 50 años. Indicó que el último terremoto de gran magnitud originado en esta falla ocurrió en Samaná en 1946 y provocó un tsunami. Por ende, el país acumula un silencio sísmico de 80 años.
“Estamos aguardando un evento de proporciones importantes. No se trata de si ocurrirá, sino de cuándo ocurrirá, y la población debe estar completamente preparada”, puntualizó la especialista.
Asimismo, se destacó el potencial de fallas submarinas como la Trinchera de los Muertos, cuyo trazo compromete de forma directa al Gran Santo Domingo.
“Nadie se enamora del fémur, sino de la piel que lo reviste. Del mismo modo, en el desarrollo inmobiliario se suele priorizar la estética visual, los acabados y las fachadas, olvidando que el esqueleto de la edificación y la inclusión de muros de corte son lo único que garantiza espacios de supervivencia cuando la estructura colapsa”, señaló el ingeniero Luis Abbott, especialista en ingeniería estructural con más de 40 años de docencia en INTEC.
CONSTRUCCIONES Y CAPACIDAD DE SUPERVISIÓN
Por un lado, la República Dominicana está avanzando en sistemas de alerta y respuesta ante desastres, pero la eficacia de esa inversión podría verse limitada si el país no logra identificar, fiscalizar y reducir la vulnerabilidad de las edificaciones construidas sin permisos, con incumplimientos técnicos o sin adecuada supervisión.
Un reportaje de N Digital, publicado el 16 de julio, encontró un dato relevante: 4,163 edificaciones registradas frente a 1,362 permisos para construcciones privadas durante 2025. Eso representa una diferencia de 2,801 proyectos.
El propio Ministerio de Vivienda, Hábitat y Edificaciones (MIVHED) establece que la licencia de construcción tiene como objetivo garantizar la evaluación, validación y autorización de los proyectos conforme a los requisitos técnicos, legales y normativos.
El MIVHED presentó ya el Plan de Modernización de la Permisología, para transformar el proceso de aprobación de licencias de construcción mediante cambios tecnológicos, normativos, técnicos y administrativos.
Informó que, entre enero y julio de 2026, la institución emitió 1,122 licencias de construcción, frente a 605 otorgadas en el mismo período de 2025. La cifra supera además las 953 licencias emitidas durante todo el año pasado.
Solo en julio, el MIVHED autorizó 201 licencias, la mayor cantidad registrada en un mes desde la creación del ministerio en 2021.
Según los datos presentados por la institución, los proyectos aprobados entre enero y julio representan cerca de RD$407 mil millones en inversión privada viabilizada, frente a RD$150,163 millones reportados en 2025, lo que supone un incremento de 171 %.
Fuentes del sector consultadas explican que parece que está creciendo más rápido la capacidad de construir que la del Estado para verificar que cada estructura cumpla las normas de seguridad.
Porque el mencionado riesgo no está solamente debajo de los pies, sino también sobre las cabezas de cada ciudadano.
EL CRECIMIENTO VERTICAL AUMENTA LA EXPOSICIÓN
Esto adquiere mayor relevancia debido al crecimiento vertical que ha experimentado la República Dominicana.
Otro reportaje de N Digital da cuenta de que, de acuerdo con el Registro de Ofertas de Edificaciones de la Oficina Nacional de Estadística (ONE), en su segunda edición de 2025, había aproximadamente 16,408 apartamentos y 68 casas en venta en el territorio.
El Gran Santo Domingo debe ser analizado como un laboratorio de riesgo. Distrito Nacional, Santo Domingo Este, Santo Domingo Norte y Santo Domingo Oeste requieren evaluaciones que consideren el nivel de vulnerabilidad, la densidad poblacional, la altura de los edificios, las construcciones sin permisos, las cañadas, las inundaciones, las vías de evacuación y la infraestructura crítica, entre otros factores.
Ya se ha explicado que un terremoto de gran magnitud no crea vulnerabilidades, sino que las expone.
LAS CAÑADAS CONCENTRAN MÚLTIPLES RIESGOS
Las cañadas representan territorios especialmente vulnerables cuando son ocupadas de manera desordenada por el crecimiento urbano.
Una cañada puede concentrar varios riesgos simultáneamente. Las lluvias intensas pueden provocar inundaciones; la acumulación de residuos y aguas contaminadas puede generar riesgos sanitarios; la ocupación urbana incrementa la exposición de la población, y determinadas condiciones del suelo pueden influir en el comportamiento de las estructuras durante un movimiento sísmico.
A esto se suman construcciones deficientes que pueden presentar una mayor vulnerabilidad estructural y sufrir daños durante un eventual sismo, dependiendo de las condiciones locales, el tipo de suelo, el sistema constructivo, el diseño y la calidad de la obra.
LA ALTAGRACIA BAJO LA LUPA
En la provincia La Altagracia, según los datos de la ONE utilizados en un reportaje anterior, se registraron 1,642 construcciones frente a 264 permisos para construcciones privadas durante 2025.
La diferencia es de 1,378 proyectos, equivalente a aproximadamente el 83 % de las construcciones registradas en esa provincia.
Este dato no significa automáticamente que esas construcciones hayan sido levantadas de manera ilegal, pero sí plantea una pregunta que requiere una explicación oficial: ¿qué factores administrativos, estadísticos o constructivos explican la diferencia entre las edificaciones registradas y los permisos otorgados?
La respuesta es fundamental para determinar hasta qué punto la expansión urbana está acompañada por mecanismos suficientes de planificación, autorización, supervisión y seguridad.
La pregunta de fondo permanece: si un sistema de alerta puede advertir a la población de que se aproxima un peligro, ¿qué tan preparada está la ciudad para soportarlo?