Santo Domingo, RD. – El Centro de Análisis y Estudio de la Comunicación en República Dominicana (CAESCO) advirtió sobre la importancia de preservar un enfoque corregulador y multiactor en el anteproyecto de Ley Orgánica de Libertad de Expresión y Medios Audiovisuales. En un informe preliminar, la entidad destacó que el nuevo marco legal debe garantizar la participación activa del Estado, las plataformas digitales, los medios de comunicación, periodistas y creadores de contenido en el proceso regulatorio.
CAESCO valoró de manera positiva que el borrador de ley contemple la exigencia de transparencia a las plataformas digitales sobre el funcionamiento de sus algoritmos, especialmente los de moderación y recomendación de contenido, ya que estos tienen un impacto directo en la configuración de la libertad de expresión en espacios digitales. “Estos algoritmos definen qué se ve, qué se elimina y cuándo se visualiza el contenido, muchas veces dentro de una zona gris legal”, indica el informe.
La organización también subrayó la necesidad de incorporar explícitamente la figura de la inteligencia artificial, dada su influencia tanto en los algoritmos como en la generación automatizada de contenido con potencial impacto negativo en contextos críticos como elecciones, seguridad pública y salud.
Miguel Otáñez, presidente de CAESCO, enfatizó que la alfabetización mediática y digital deben ser pilares centrales en la legislación. “No pueden quedar sujetas a voluntades futuras. Estas competencias son esenciales para que la ciudadanía participe activamente en la corregulación como parte interesada y afectada, con capacidad de invocar y ejercer el debido proceso”, afirmó.
Asimismo, Otáñez señaló que el verdadero reto estará en la implementación de la ley, lo cual requerirá mecanismos claros como códigos de conducta, procedimientos y reglamentos que garanticen su aplicabilidad sin caer en la sobrerregulación ni en la ineficacia institucional.
CAESCO reconoció aspectos positivos del anteproyecto, como la protección del acceso universal a internet, cláusula de conciencia, secreto profesional, acceso a fuentes informativas y la seguridad de los periodistas. También valoró la promoción de la pluralidad, la neutralidad tecnológica y la prohibición de la censura previa.
No obstante, advirtió que deben evitarse ambigüedades que puedan erosionar el derecho a la libertad de expresión o colisionar con otros derechos fundamentales, afectando el clima democrático. “Una ley como esta debe ser consciente de que la tecnología avanza más rápido que la legislación, por lo que su diseño debe estar orientado a la flexibilidad y actualización constante”, concluyó Otáñez.