Santo Domingo.– Las asociaciones y gremios que representan al sector constructor de viviendas en la República Dominicana manifestaron su preocupación por la Ley núm. 225-20 sobre Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos, así como por las recientes modificaciones aprobadas por el Senado con carácter de urgencia y, según afirman, sin el debido debate técnico.
Las organizaciones sostienen que uno de los principales puntos de preocupación es la inclusión de los patrimonios autónomos (fideicomisos) dentro del alcance de la legislación, al considerar que esta medida generaría una doble carga económica sobre estructuras jurídicas y operaciones que ya cumplen con obligaciones fiscales. A su juicio, este escenario incrementaría los costos de los proyectos inmobiliarios y tendría un impacto directo en el precio final de las viviendas.
Asimismo, advierten que la disposición podría entrar en conflicto con el régimen especial establecido en la Ley núm. 189-11, creada para fomentar el acceso a la vivienda y promover el desarrollo del mercado hipotecario en el país.
Aunque reconocen la importancia de fortalecer la gestión integral de los residuos sólidos y respaldan las iniciativas orientadas a un manejo ambientalmente responsable, entienden que las medidas deben aplicarse bajo criterios de proporcionalidad, seguridad jurídica y sostenibilidad económica, a fin de evitar efectos no deseados sobre sectores estratégicos como el de la construcción de viviendas.
En ese sentido, hicieron un llamado a la Cámara de Diputados para que abra un espacio de diálogo con los sectores involucrados, reevalúe el alcance de la iniciativa y garantice la aprobación de una legislación equilibrada, técnicamente sustentada y proporcional, que contribuya a la protección del medio ambiente sin comprometer la seguridad jurídica, la inversión ni el acceso de la población a una vivienda.