Santo Domingo, RD.- El presidente Luis Abinader firmó este lunes el Decreto 76-25, mediante el cual se crea la Comisión Presidencial para establecer el Sistema Nacional de Transparencia y Anticorrupción (CPTA). Esta iniciativa busca integrar y coordinar estrategias de prevención, auditoría, acceso a la información y recuperación de activos obtenidos ilícitamente, fortaleciendo así la lucha contra la corrupción.
Durante la firma del decreto, realizada en el evento LA Semanal con la Prensa en el Palacio Nacional, Abinader destacó que este nuevo sistema garantizará la eficiencia en la ejecución de políticas públicas y establecerá mecanismos de supervisión con indicadores de cumplimiento.
El CPTA surge en consonancia con acuerdos internacionales como los firmados con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (UNCAC) y la Convención Interamericana contra la Corrupción (CICC).
Entre sus acciones prioritarias, la comisión supervisará compras y contrataciones públicas, fortalecerá los sistemas de auditoría y creará un observatorio de transparencia. Además, se establecerá un mecanismo nacional de denuncias para garantizar respuestas rápidas y eficaces ante posibles irregularidades.
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La estructura organizativa del CPTA estará encabezada por la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (Digeig), con una dirección ejecutiva a cargo de la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP). Otras instituciones, como la Contraloría General de la República y la Unidad de Análisis Financiero, también desempeñarán un rol clave.
Como parte del plan de seguimiento, el Comité Coordinador del CPTA se reunirá semanalmente y rendirá informes periódicos al presidente de la República. Se implementará un sistema de evaluación continua para medir el impacto de las políticas aplicadas.
El decreto establece que todas las instituciones públicas deberán colaborar con la comisión, suministrando información en un plazo máximo de cinco días hábiles y contribuyendo con las investigaciones, incluso si los funcionarios involucrados han cesado en sus cargos.
Asimismo, se reforzarán las acciones para recuperar fondos desviados a través de la cooperación con organismos nacionales e internacionales y la aplicación del Decreto 579-24, enfocado en la recuperación de activos ilícitos.
El mandatario enfatizó que la participación ciudadana será clave en este esfuerzo, fomentando el acceso a la información, la denuncia de actos de corrupción y la inclusión de la sociedad civil en los procesos de supervisión. Con esta medida, se busca consolidar un gobierno más transparente, eficiente y confiable para la población.