-Los parientes del ministro de Medio Ambiente avalan la teoría del Ministerio Público.
-Entienden que Fausto Miguel Cruz asesinó a Jorge Mera por negarse a otorgarle permisos.
Por Wander Santana/Diario Libre
Santo Domingo, RD.- La familia del ministro Orlando Jorge Mera, que fue asesinado el pasado lunes en su despacho, anunció mediante su abogado, que se querellará como víctima y actor civil contra Fausto Miguel Cruz de la Mota (Carandai) en busca de ser resarcida por daños y perjuicios que el imputado les ocasionó.
El anuncio lo hizo el abogado Miguel Valerio, quien representará a la familia del fenecido ministro en una audiencia de medidas de coerción que ha sido pautada para mañana sábado en la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional.
El abogado calificó que los hechos ocurridos fueron “gravísimos”, ya que se trata del asesinato de un ministro en su despacho por haberse negado a otorgar permisos para exportar objetos que contienen sustancias que están prohibidas a nivel internacional.
Valerio dijo que avalan la investigación que ha presentado el Ministerio Público, y entienden que lo ocurrido fue un asesinato. Consideran que debe imponerse la prisión preventiva debido a que al imputado le encontraron pasaportes, una maleta con dinero y se cree que pretendía escapar.
LA FISCAL MIRNA ORTIZ RESALTA QUE EL MINISTERIO PÚBLICO ESTÁ PREPARADO PARA CONOCER COERCIÓN A IMPUTADO DE ASESINAR A ORLANDO JORGE MERA.-
La fiscal Mirna Ortiz aseguró este jueves que el Ministerio Público se encuentra listo para conocer la solicitud de medida de coerción contra Fausto Miguel de Jesús Cruz de la Mota (Carandai), imputado de asesinar en su despacho al ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Orlando Jorge Mera.
“El Ministerio Público ha estado listo para el conocimiento de la audiencia de medida coerción en el día de hoy, pero la misma ha sido suspendida a solicitud de la víctima, quien a través de sus abogados presentó al tribunal la decisión de constituirse en querellante en el presente proceso, siendo este un derecho de la víctima”, dijo la coordinadora de Litigación de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca).
Ninguna de las partes se opuso al aplazamiento dispuesto por el juez Juan Francisco Rodríguez Consoró, del Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional, quien fijó la próxima audiencia para el sábado a las 9:00 de la mañana.
A la coordinadora de Litigación de la Pepca le acompañaron en la audiencia el fiscal titular interino del Distrito Nacional, Kelvyn Colón Rodríguez, así como María Silvestre, Magalis Sánchez y Carolin Junesca De Oleo.
“Todo lo que planteamos en la medida de coerción tiene fundamento y pruebas suficientes para poder demostrar la responsabilidad del imputado”, aseguró el fiscal Colón Rodríguez a los periodistas que abordaron al equipo del Ministerio Público al salir de la audiencia.
El Ministerio Público otorga al hecho la calificación jurídica de violación a los artículos 295, 296, 297, 298 y 302 del Código Penal Dominicano, y 66 y 67 de la Ley 631-16, para el Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relacionados.
Al imputado, quien cometió el hecho alrededor del mediodía del pasado lunes, se le ocupó una Toyota, modelo Rush G, color negro, año 2019, placa no. G456640, una Mini Uzi, calibre 9mm., serie No. MV-CB50492, con dos cargadores con 30 cápsulas cada uno. Además, un maletín con cuatro cargadores con capacidad para 30 cápsulas, dos ellos llenos.
Otro de los cargadores contenía 11 cápsulas calibre 9 mm. Había también varias comunicaciones referentes al expediente de la empresa Aurum Gavia, S.N., un sobre con una manilla de 90 billetes de RD$2,000 (RD$180,000) y un reloj Cartier Roadster.