El gremio de agrimensores exige la intervención inmediata del Poder Ejecutivo y del Instituto Agrario Dominicano para frenar la supuesta apropiación de 7 millones de metros cuadrados.
Santo Domingo, RD.- La Asociación Dominicana de Agrimensores (ASODAGRIM) lanzó una contundente denuncia sobre la ejecución de levantamientos parcelarios irregulares que abarcan más de 7 millones de metros cuadrados dentro del entorno protegido del Monumento Natural Río Cumayasa y Cueva de las Maravillas.
Según el gremio, esta operación inmobiliaria, de carácter fraudulento, podría representar un valor económico en el mercado superior a los RD$10,500 millones. El objetivo de estos movimientos, presuntamente, es beneficiar a particulares ajenos a los programas estatales de reforma agraria, vulnerando el patrimonio público.
El ingeniero Víctor Torres, presidente de ASODAGRIM, aseguró que la entidad cuenta con pruebas técnicas y documentales fidedignas que confirman estas actuaciones, las cuales calificó como incompatibles con el marco legal vigente.
Violación a la Constitución y leyes ambientales
“Estamos ante un proceso que, de culminar en titulaciones, constituiría una violación directa a la Ley Sectorial de Áreas Protegidas (202-04) y al artículo 16 de la Constitución de la República”, advirtió Torres. Recordó que el patrimonio natural dominicano es inalienable, imprescriptible y no puede ser objeto de fragmentación para intereses privados.
El gremio enfatizó que la Ley 202-04, en sus artículos 30 y 33, establece que el Sistema Nacional de Áreas Protegidas es irreductible. Por tanto, cualquier intento de titulación dentro de estos linderos carece de validez jurídica desde su origen.
Llamado al Gobierno y al IAD
Ante la magnitud del posible esquema de apropiación, ASODAGRIM solicitó formalmente al director del Instituto Agrario Dominicano (IAD), Darío Castillo Lugo, ordenar la paralización inmediata de los levantamientos. Asimismo, el gremio hizo un llamado directo al presidente Luis Abinader para que intervenga con firmeza.
«Resulta inaceptable que se intenten ejecutar prácticas que vulneran conquistas históricas en materia de protección ambiental. Existen grupos que pretenden revertir lo que generaciones han construido en defensa de nuestros recursos», expresó Torres.
Antecedentes y vigilancia social
No es la primera vez que el IAD se ve cuestionado por su manejo de terrenos en áreas de preservación. El gremio recordó que existen antecedentes de intervenciones similares que han puesto en riesgo la institucionalidad ambiental del país.
Finalmente, ASODAGRIM instó a las comunidades de San Pedro de Macorís y La Romana, así como a las organizaciones ambientalistas, a declararse en estado de vigilancia. Permitir la fragmentación de la zona de Cumayasa, advirtieron, abriría la puerta a una degradación ecológica irreversible en un ecosistema estratégico para la región este.