La organización opositora denuncia presuntas irregularidades en la incorporación de 700 mil beneficiarios sin evaluación previa del SIUBEN, lo que comprometería RD$8,196 millones anuales del erario.

Santo Domingo, RD.– El partido Fuerza del Pueblo (FP) solicitó formalmente este martes a la Cámara de Cuentas la realización de una auditoría especial sobre las incorporaciones, los desembolsos y los mecanismos de control del programa Supérate. De manera paralela, la organización política requirió a la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) investigar las actuaciones administrativas que pudieran revestir relevancia penal, solicitando que el proceso se lleve a cabo con estricto apego al debido proceso y sin prejuzgar responsabilidades.
La petición fue dada a conocer por el exvicepresidente de la República y miembro de la Dirección Política de la FP, Rafael Alburquerque, durante una rueda de prensa en la Casa del Pueblo Johnny Ventura. En el encuentro estuvo acompañado por Fernando Caamaño, secretario de Seguridad Social del partido y exsuperintendente de Salud y Riesgos Laborales, así como por los vicesecretarios Daniel Fernández, Van Elder Espinal —exdirector general de la Administradora de Subsidios Sociales (ADESS)— y Fernando Reyes —exdirector del antiguo Programa Solidaridad—.
Señalamientos sobre incorporaciones sin evaluación del SIUBEN
Según expuso Alburquerque en nombre de su organización, mediante la Resolución Administrativa 003-2022, emitida el 12 de abril de 2022, la dirección de Supérate dispuso de forma unilateral la inclusión de 300 mil hogares al subsidio Aliméntate y de 400 mil beneficiarios al Bonogás. De acuerdo con los cálculos presentados por el dirigente opositor, estas 700 mil nuevas incorporaciones representan un impacto financiero anual de RD$8,196 millones para las finanzas públicas.
El exvicepresidente sostuvo que la referida resolución permitió el ingreso de hogares que aún no contaban con la categorización socioeconómica del Sistema Único de Beneficiarios (SIUBEN), estableciendo que dicha evaluación se efectuara con posterioridad a la entrega de las ayudas.
“¡Pusieron la carreta delante de los bueyes! Primero incorporar y después evaluar”, cuestionó Alburquerque, tras argumentar que, conforme al marco legal vigente, el SIUBEN es la única entidad facultada para identificar y clasificar a los hogares en condición de pobreza en el país. El dirigente exigió respuestas documentadas sobre qué autoridades autorizaron dichas inclusiones y bajo qué amparo normativo se ejecutaron.
Cuestionamientos al manejo del Bono Navideño
Durante su intervención, el vocero de la Fuerza del Pueblo afirmó que la situación se repite cuatro años después con la emisión de la Resolución 071-2026, del 21 de octubre del presente año, relativa a la gestión del Bono Navideño. Según denunció, esta disposición faculta a la entidad a identificar beneficiarios, distribuir tarjetas y elaborar nóminas de depósito sin la intervención del SIUBEN en el proceso de selección.
Alburquerque detalló que, según cifras divulgadas por las propias autoridades entre 2020 y 2025, se han anunciado entregas de bonos navideños por un monto superior a los RD$19,000 millones. A esta cifra sumó los RD$4,000 millones contemplados en el proyecto de Presupuesto General del Estado para 2027, señalando que el total comprometido supera los RD$23,000 millones.
“¿Quién ha certificado que los destinatarios de esos hogares son pobres? ¿Dónde están las evaluaciones socioeconómicas del SIUBEN?”, preguntó el dirigente, al demandar transparencia sobre los criterios aplicados para la asignación de estos fondos.
Postura sobre la política social y críticas al Gobierno
Alburquerque, quien coordinó el Gabinete de Política Social entre 2004 y 2012 durante las gestiones del expresidente Leonel Fernández, aclaró que la postura de la Fuerza del Pueblo no busca cuestionar la existencia de las ayudas estatales, sino garantizar su correcta focalización.
“No estamos en contra de los programas sociales ni de los subsidios destinados a proteger a las familias más vulnerables. Por el contrario, fuimos protagonistas de la creación del sistema de protección social, convencidos de que el Estado tiene la obligación de proteger a quienes más lo necesitan”, puntualizó.
No obstante, el dirigente opositor acusó al Gobierno y al Partido Revolucionario Moderno (PRM) de utilizar la expansión de los padrones sociales y el incremento presupuestario con fines clientelares y electorales, asegurando que desde 2022 su partido ha venido advirtiendo sobre la falta de transparencia en el manejo de estos recursos.
“Lo que denunciamos y rechazamos es el uso y abuso de los recursos públicos con fines clientelares y electorales. Los subsidios deben servir para combatir la pobreza, no para comprar voluntades”, manifestó Alburquerque, quien además acusó a la actual administración de convertir las necesidades sociales en un «lucrativo negocio» y de gobernar «para servirse del pueblo y no para servir al pueblo».
Finalmente, el miembro de la Dirección Política de la FP advirtió que la pobreza no se erradica aumentando discrecionalmente los registros de beneficiarios, sino demostrando que las transferencias llegan a quienes cumplen con los requisitos legales. “La bonocracia no puede sustituir la política de protección social”, concluyó.