Higüey, La Altagracia.– El expresidente de la República y presidente del partido Fuerza del Pueblo (FP), Leonel Fernández, abogó por la eliminación urgente de las trabas burocráticas que asfixian el desarrollo inmobiliario en República Dominicana. Durante un encuentro con el sector productivo de esta provincia, el líder político denunció que inversiones por un monto estimado de 20,000 millones de dólares permanecen paralizadas desde hace cinco años por la falta de licencias y permisos de construcción.
Fernández enfatizó que la industria de la construcción representa uno de los motores centrales de la economía nacional. Sin embargo, advirtió que la ineficiencia institucional frena la captación de capitales, frena la creación de empleos directos y afecta de forma severa el crecimiento de polos estratégicos como Punta Cana y la región Este.
«Me he reunido con desarrolladores de proyectos para Punta Cana. Hay 20 mil millones de dólares congelados desde hace cinco años porque las autoridades no entregan los permisos. A los inversionistas hay que darles un sí o un no definitivo, pero no hacerlos esperar cinco años. Eso resulta inaceptable», afirmó el exmandatario.
Vinculación con el desempeño económico
El presidente de la FP asoció esta parálisis burocrática con el desempeño negativo de la construcción, sector que registró una contracción de 1.8 % el pasado año. Asimismo, advirtió que la dilación excesiva desincentiva la inversión extranjera directa y propicia un entorno desfavorable para la transparencia institucional.
«Los retrasos de hasta cinco años solo demuestran dos cosas: ineficacia administrativa o espacios para la corrupción. La tardanza deliberada se convierte en un mecanismo de presión para buscar soluciones al margen de la ley», manifestó.
Propuesta: Silencio administrativo positivo
Para resolver la crisis permisológica, Fernández planteó establecer plazos legales obligatorios para que las entidades públicas —como los ministerios de Turismo y Medio Ambiente— emitan dictámenes en un tiempo perentorio.
La iniciativa contempla aplicar el principio del silencio administrativo positivo, mediante el cual, si la autoridad no responde en el plazo fijado (entre cuatro meses y un año), la solicitud se considerará automáticamente aprobada. Las eventuales disputas o violaciones a la normativa serían ventiladas ante el Tribunal Superior Administrativo (TSA).
Fernández aclaró que esta agilización procesal mantendrá los criterios técnicos de evaluación de impacto ambiental, el resguardo de las áreas protegidas y la preservación de los suelos con vocación agrícola y ganadera.
Críticas al gasto público y al endeudamiento
En el marco del conversatorio, el dirigente opositor cuestionó la política fiscal del Gobierno central, argumentando que la estructura actual del gasto prioriza los consumos corrientes en detrimento de la infraestructura productiva.
«Endeudar al país para destinar 90 de cada 100 pesos a gasto corriente y apenas 10 pesos a gasto de capital refleja una gestión deficiente de los recursos públicos. Necesitamos reorientar la economía para asegurar estabilidad, crecimiento sostenible y prosperidad para el pueblo dominicano», aseveró.
Preocupaciones del sector empresarial en La Altagracia
El encuentro contó con la participación de representativos de la Alianza Empresarial Turística de La Altagracia (ALETA), la Unión de Empresarios de la Provincia La Altagracia (UEPAL), el Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores (CODIA), así como gremios hoteleros, comerciales y comunitarios.
Durante las intervenciones, los dirigentes locales expusieron los principales obstáculos que restringen la competitividad regional:
Permisología e infraestructura: Jorge Ipas (ALETA) y Daniel Rodríguez Álvarez exigieron respuestas ágiles en las licencias de construcción y denunciaron el rezago de las redes de alcantarillado y agua potable frente al acelerado crecimiento urbano de Higüey y Punta Cana.
Seguridad ciudadana: Masiel Peña, presidenta del Círculo de Locutores, alertó sobre la incidencia delictiva en la zona y su impacto negativo en el clima de inversión y la paz social.
Competitividad y producción local: Amdy Melo, en representación de los jóvenes empresarios, solicitó mecanismos de protección para la producción agrícola e industrial frente a la competencia desleal de las importaciones.
En la actividad, Fernández estuvo acompañado por el diputado Jorge Tavárez, el exdiputado Hamlet Melo y el empresario de telecomunicaciones Juan Julio Campos Ventura, entre otros dirigentes de la Fuerza del Pueblo.