Por Gerardo Davis Santo Domingo, RD.- El Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional condenó a siete personas físicas y ordenó la clausura definitiva de tres empresas vinculadas a la red internacional de narcotráfico y lavado de activos desmantelada mediante la Operación Búfalo NK.
Las decisiones fueron adoptadas durante el conocimiento de un procedimiento penal abreviado presentado por el Ministerio Público. Con estas nuevas sentencias, 14 integrantes de la organización criminal han sido condenados durante el proceso judicial relacionado con la estructura.
Los miembros de la organización transnacional fueron procesados luego de que las autoridades incautaran 1,824 kilogramos de drogas. Los acusados se declararon culpables de los delitos atribuidos, tras alcanzar acuerdos con el Ministerio Público que posteriormente fueron homologados por el tribunal.
Al acoger la solicitud de aplicación del procedimiento penal abreviado, el tribunal condenó a Isidoro Rotestán Clase a siete años de prisión. De esa pena, deberá cumplir tres años y seis meses bajo arresto domiciliario.
Francisco Morrobel Pérez fue condenado a cinco años de prisión con suspensión de la pena. Además, deberá pagar una multa de RD$50,000 al Estado.
Penas suspendidas y condiciones judiciales
Cristino Rotestán Clase, Johnny Casimiro Tejada, Geyser C. Castillo Mordán, Luigui Aneudy Ureña Read y Jomaiky Ureña Rotestán fueron condenados, cada uno, a cuatro años de prisión suspendida.
Los cinco también deberán pagar una multa equivalente a 100 salarios mínimos. Durante el período de suspensión tendrán que cumplir varias reglas establecidas por el tribunal, entre ellas residir en un domicilio fijo.
El tribunal advirtió que, si incumplen las condiciones impuestas, deberán cumplir la totalidad de las penas en prisión.
En el mismo proceso fueron clausuradas de manera definitiva las empresas Mariscos Del Caribe Clase S.R.L., Mojos S.R.L. y Elegant Records Productions E.I.R.L. Cada una deberá pagar, además, una multa equivalente a 100 salarios mínimos.
Durante el proceso también se aplicó un criterio de oportunidad a favor de Braulio Rotestán Clase, Glorisel De La Cruz Paulino, Leda Margarita Clase y Estefany De La Cruz Paulino.
Los fiscales Jonathan Elías Pérez Fulcar, Miguel Collado García y Enmanuel Ramírez representaron al Ministerio Público durante la audiencia. El juez Raymundo Mejía, del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, tuvo a su cargo la homologación de los acuerdos.
Además de las condenas, fueron impuestas sanciones económicas por diferentes montos y se ordenó el decomiso de numerosos bienes vinculados al proceso. Entre los bienes figuran 18 inmuebles, dinero en pesos dominicanos y dólares estadounidenses, armas de fuego, municiones, vehículos y embarcaciones.
El proceso judicial contra la red
Por su vinculación con el caso, anteriormente había sido condenado Rafael Ynoa Santana, quien recibió la pena máxima de 10 años de prisión establecida por la ley para esos casos. Robert Nicolás Acosta fue condenado a siete años de prisión.
También fueron condenados a cinco años de prisión Juan Bolívar Hernández, José Antonio Toribio, Severiano Núñez Pichardo y Cristian E. Alcántara Javier. Maritza Flete Santana, en tanto, recibió una sentencia de tres años de prisión.
En el proceso también se aplicó un criterio de oportunidad a Juan Henríquez Tavárez.
El tribunal ordenó el decomiso de 18 inmuebles, entre apartamentos y residencias ubicados en zonas de Punta Cana, provincia La Altagracia. La medida también alcanzó solares, terrenos y parcelas situados en Santo Domingo, San Pedro de Macorís, Puerto Plata, Padre Las Casas, en Azua, y La Romana.
Asimismo, fueron decomisados 16 vehículos terrestres, seis autobuses de transporte masivo, siete embarcaciones, cinco motores fuera de borda, tres armas de fuego y 115 municiones.
Las autoridades también decomisaron US$97,700 y RD$17,412,085.91 como parte de las medidas adoptadas dentro del proceso judicial.
La estructura criminal de Búfalo NK
La organización estaba integrada por ciudadanos de Colombia, Venezuela y República Dominicana. Además, mantenía conexiones en Puerto Rico, Estados Unidos y Europa.
De acuerdo con la investigación, la estructura tenía capacidad para operar de manera simultánea en distintas jurisdicciones. Para movilizar cargamentos de cocaína a gran escala utilizaba rutas marítimas y aéreas, convirtiéndose en un engranaje de la actividad internacional de narcotráfico.
La investigación comenzó en 2020 con apoyo de la DEA y autoridades colombianas. Posteriormente, en septiembre de 2024, las autoridades ejecutaron la Operación Búfalo NK.
El operativo fue desarrollado por el Ministerio Público en coordinación con la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), el Ministerio de Defensa, agencias de inteligencia, la DEA y el Comando Sur de Estados Unidos.