Por Raúl Germán Bautista/N DIGITAL.- Mientras la discusión sobre la reforma laboral se enfoca, con toda lógica, en actualizar los derechos y las obligaciones entre trabajadores y empleadores, hay un indicador que debería preocupar incluso al legislador: la vulnerabilidad de la población joven por la gran cantidad de accidentes de los que es víctima.
Este indicador, quizás poco tomado en cuenta, no solo impacta las horas y los años que un joven debería trabajar, sino que una parte de esa población fallece y otra queda con lesiones permanentes, afectando también al sistema de seguridad social.
Por lo tanto, esta legislación debería proyectar la República Dominicana de las próximas décadas, tomando como base la evidencia demográfica, epidemiológica y estadística que ya muestran las instituciones del Estado.
LOS JÓVENES CONCENTRAN LA MAYOR CANTIDAD DE LESIONADOS
Las estadísticas sobre accidentes de tránsito muestran que el grupo con mayor capacidad para impulsar la economía también es el que enfrenta el mayor riesgo de salir, temporal o permanentemente, del mercado laboral.
Diversas investigaciones publicadas por N Digital documentan que los hombres jóvenes concentran la mayor cantidad de lesionados y fallecidos en accidentes de tránsito, una realidad que trasciende el ámbito de la seguridad vial y se convierte en un desafío para la productividad, el empleo y la sostenibilidad del sistema de seguridad social.
Los datos agregados del Ministerio de Salud Pública (MSP), publicados por el Observatorio Permanente de Seguridad del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), muestran que durante 2026 se han registrado 30,826 personas lesionadas en accidentes de tránsito en el país. Del total, 21,692 corresponden a hombres y 9,134 a mujeres.
Traducido a una dimensión más fácil de visualizar, siete de cada diez personas lesionadas son hombres. La diferencia es todavía más evidente al comparar ambos grupos: por cada mujer lesionada hay aproximadamente 2.4 hombres heridos en accidentes de tránsito.
El grupo de 20 a 29 años concentra 9,981 lesionados, equivalentes al 32.4 % del total nacional. En otras palabras, prácticamente uno de cada tres lesionados pertenece a ese rango de edad.
Le siguen las personas de 30 a 39 años, con 6,383 casos, mientras que el grupo de 10 a 19 años registra 5,047 lesionados. La distribución de los datos dibuja un patrón claro: las lesiones se concentran precisamente durante la etapa de mayor productividad económica.
UN PROBLEMA LABORAL, NO SOLO DE TRÁNSITO
Estas estadísticas amplían el debate sobre la reforma laboral y deberían formar parte de la discusión que mantiene el Congreso Nacional, aunque todavía no exista una fecha definida para conocer el proyecto en el pleno.
Cada trabajador que resulta lesionado representa una pérdida para su familia, su empleador y la economía. Cuando una incapacidad se prolonga o se vuelve permanente, también aumenta la presión sobre el Sistema Dominicano de Seguridad Social.
Los accidentes de tránsito generan un efecto en cadena. Incrementan los gastos médicos, reducen la productividad, afectan la continuidad de las empresas y presionan las prestaciones económicas destinadas a trabajadores que, debido a una enfermedad o una lesión permanente, pierden parcial o totalmente su capacidad para laborar.
En esos casos, la legislación contempla pensiones por discapacidad de carácter vitalicio, siempre que se cumplan los requisitos establecidos por la normativa vigente.
EL COSTO OCULTO PARA LA ECONOMÍA
Hasta junio de este año, el Seguro de Riesgos Laborales representó el 4.83 % de las prestaciones del sistema. Aunque el porcentaje pueda parecer reducido, detrás de esa cifra hay miles de trabajadores que permanecen fuera de sus labores durante semanas, meses o, en algunos casos, de manera definitiva.
La consecuencia trasciende el ámbito sanitario. Cada trabajador que abandona el mercado laboral disminuye la capacidad productiva del país y reduce las cotizaciones que financian el sistema de pensiones y la seguridad social.
A ello se suman mayores gastos médicos, subsidios por discapacidad, menores ingresos para las familias afectadas y una reducción del potencial de crecimiento económico.
LOS DATOS REDEFINEN EL DEBATE
Este panorama plantea una interrogante que, tarde o temprano, el Estado dominicano tendrá que responder: ¿cuánto pierde la economía nacional cada año porque una parte importante de su población en la edad de mayor productividad resulta lesionada en accidentes de tránsito?
La respuesta no debería medirse únicamente por la cantidad de lesionados o fallecidos. También exige cuantificar el impacto sobre la productividad, el mercado laboral, la inversión en salud, las pensiones, la competitividad y el desarrollo económico.
En ese contexto comienza a tomar forma un nuevo mapa del capital humano dominicano. Si el país tendrá menos jóvenes, más adultos mayores y una parte de su fuerza laboral continuará viéndose afectada por lesiones incapacitantes, la discusión sobre la reforma laboral necesariamente debe incorporar estos indicadores.
Más que modificar artículos del Código de Trabajo, el desafío consiste en preparar una legislación capaz de responder a una transformación estructural del mercado laboral dominicano, sustentada en evidencia y orientada al desarrollo económico y social.