Por Raúl Germán Bautista.- El Departamento de Estado de Estados Unidos, a través de su cuenta en X, afirmó que bajo la administración del presidente Donald Trump se están reforzando medidas para proteger la integridad de la ciudadanía estadounidense, con el objetivo de frenar esquemas ilegales relacionados con el denominado “birth tourism”, o turismo de parto.
La institución señaló que no se permite a extranjeros obtener una visa de visitante con el propósito principal de dar a luz en territorio estadounidense para que sus hijos adquieran la ciudadanía automáticamente.
El derecho a ser estadounidense por nacimiento está siendo examinado desde abril por la Corte Suprema.
“Una embajada de EE. UU. en África Occidental descubrió una sofisticada red de turismo de nacimiento que involucraba a más de 100 nacionales extranjeros, quienes utilizaban documentos fraudulentos y ‘arregladores’ de visas para obtener visas con el fin de conseguir la ciudadanía estadounidense para sus hijos”, comunicó.
Las autoridades indicaron que estas visas fueron revocadas y que se mantiene coordinación con gobiernos locales para identificar y desmantelar estructuras similares.
“En Europa, una embajada de EE. UU. identificó más de 400 casos sospechosos de turismo de nacimiento desde 2024. Los investigadores los rastrearon hasta al menos seis empresas que entrenaban a los solicitantes sobre qué decir en su entrevista de visa, organizaban vivienda en EE. UU. e implementaban planes de parto”, agregaron.
Asimismo, se informó que una embajada en el norte de África revocó más de 100 visas a padres identificados como “turistas de nacimiento”, quienes habrían ingresado principalmente para dar a luz y asegurar la ciudadanía para sus hijos.
“Una visa de EE. UU. es un privilegio, no un derecho. El Departamento de Estado está tomando medidas en todo el mundo para detener este abuso, desmantelar las redes de turismo de nacimiento y hacer responsables a aquellos que intentan estafar a nuestro sistema”, sostuvieron.
POLÍTICA MIGRATORIA Y CRITERIOS CONSULARES
La normativa vigente establece que ningún extranjero puede obtener una visa B-1/B-2 cuando el propósito principal del viaje sea dar a luz en Estados Unidos con fines de obtención de ciudadanía para el recién nacido.
Los oficiales consulares deben negar la visa si existen motivos razonables para considerar que esa es la intención real del solicitante. En casos de embarazos que requieran atención médica, se exige demostrar recursos económicos suficientes y un motivo legítimo del viaje, distinto a la obtención de la ciudadanía.
ANTECEDENTES Y ENDURECIMIENTO DE MEDIDAS
La política contra estas prácticas no es nueva. En enero de 2020, durante el primer mandato de Trump, el Departamento de Estado formalizó restricciones para evitar el uso de visas de turismo en estos casos, medida presentada como parte del combate al fraude migratorio.
En su actual administración, el enfoque se ha intensificado. En abril de 2026, reportes de Reuters indicaron que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) inició investigaciones sobre redes y empresas que facilitan estos viajes, incluyendo posibles delitos de fraude de visas y evasión fiscal.
DEBATE SOBRE CIUDADANÍA POR NACIMIENTO
El tema ha reabierto el debate jurídico sobre la ciudadanía por nacimiento, respaldada por la Enmienda 14 de la Constitución de Estados Unidos. Diversos tribunales han bloqueado temporalmente intentos de reforma impulsados por el Ejecutivo, mientras continúa el análisis en instancias federales.
Organizaciones defensoras de migrantes sostienen que estos casos representan una fracción mínima de los nacimientos en el país y que pueden abordarse mediante controles migratorios sin modificar el marco constitucional vigente.
POSTURA OFICIAL DEL GOBIERNO
El Departamento de Estado sostiene que el objetivo de estas medidas es evitar el uso indebido del sistema de visas y preservar la integridad del proceso migratorio.
En su interpretación, dar a luz en Estados Unidos no constituye un delito, pero falsear la intención del viaje sí puede implicar la negación o revocación de la visa, además de consecuencias migratorias futuras.